Solve et repete es un término latino que, en su traducción libre, puede significar “primero paga, luego reclama“. Es un comienzo legal que, sobre todo en la relación de particulares o empresas con las Administraciones Públicas, suele ser muy habitual. Viene esto a colación con otro caso que ha surgido entre un contribuyente y la Agencia Tributaria, en la que, como casi siempre, el procedimiento seguido por la Administración, supone un perjuicio para el contribuyente.

Tal y como hemos visto con las declaraciones de consejero delegado de Telefónica sobre el riesgo de colapso en las redes de telecomunicaciones, Telefónica puede hacer lo que quiera con sus tarifas dado que nada ni nadie le impide eliminar una tarifa plana en el acceso de ADSL aunque se haya querido colocar el punto de mira sobre las conexiones móviles.

El Gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) va a poner en marcha una serie de líneas de financiación para que los ayuntamientos puedan pagar las facturas que tienen pendientes con empresas y autónomos.

La apertura de estas líneas del ICO constaba en una de las enmiendas de la Ley de Morosidad que se introdujo en el Senado y que se aprobó en el Congreso, la puesta en marcha de esta iniciativa se está retrasando por su complejidad.

El derecho a saber es clave para evitar la corrupción, aumentar la eficacia de la administración y proteger los derechos individuales. El Gobierno anuncia al fin una ley para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todo lo que los políticos y la Administración saben. La información es poder, no de quienes retienen y controlan la información en su propio beneficio o para no rendir cuentas. Es una ley largamente esperada para hacer la democracia más transparente, responsable e informada.

Soy un joven emprendedor que he empezado a laborar en mi propia consultora de medio ambiente, y estoy asombrado del trato que me han dado en los distintos estamentos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía que he visitado. Técnicos que dudan sobre los trámites de constitución de una S.L.

Augusto Ada nos cuenta «Los trabajadores y trabajadoras informáticos podemos ser pieza clave en la próxima Huelga General del 29 de septiembre.

El País adelanta que el gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de la prometida ley de acceso a la información pública. Una promesa de 2004 repetida en 2008 que al fin se hará realidad. Pero no somos pioneros ni avanzados. España es el único país europeo de más de un millón de habitantes sin ley de acceso a la información y uno de los últimos en aplicar el Convenio del Consejo de Europa para el Acceso a Archivos Oficiales.

Hace unos días nos hicimos eco de la noticia de una sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA), que obliga a un alcalde a pagar en 30 días una deuda de su Ayuntamiento con una empresa, o tendrá que responder de esa deuda con sus propios bienes personales. Hoy en Expansión, el gerente de esta empresa cuenta su punto de vista sobre el tema.

Entre enero y junio de este año, la Seguridad Social ha recaudado 815,4 millones de euros por vía ejecutiva. La vía de apremio o ejecutiva se inicia tras agotarse el periodo voluntario de pago establecido legalmente para hacer efectivo el abono de las cuotas y demás recursos de financiación de la Seguridad Social.

El anuncio saltó ayer a los medios de información, los alcaldes y secretarios de los ayuntamientos que incumplan la Ley de Morosidad, que obliga a las administraciones a pagar en 30 días sus deudas con sus proveedores,tendrán que responder de tales deudas con sus propios bienes personales.

En varias ocasiones, he manifestado mis dudas sobre la efectividad de dicha Ley, en su aplicación en las Administraciones Públicas.