El presidente Joe Biden ha firmado la ley que obliga a ByteDance, la compañía propietaria de TikTok, a deshacerse de su participación en ella en el plazo de un año o, si no lo hace, afrontar la prohibición de su uso en los Estados Unidos, tras una aprobación del proyecto de ley en el Senado mucho más rápida de lo inicialmente previsto. El presidente había afirmado que la firmaría tan pronto llegase a su mesa.

La compañía ha prometido una ardua batalla legal en contra de la resolución apelando fundamentalmente a la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que consagra la libertad de expresión y de prensa. Pero en la práctica, es posible que lo que se plantee la compañía sea simplemente esperar a las elecciones presidenciales del siguiente noviembre, ya que uno de los dos candidatos, Donald Trump, ha asegurado estar en contra de esa prohibición.

En la práctica, la aprobación de la ley señala un punto de inflexión interesante: obligar a la desinversión o prohibir una red social extranjera no es nada diferente de lo que China ha hecho en muchas ocasiones con compañías extranjeras a lo largo de su historia, y en este caso, hablamos de una TikTok cuyos propios empleados han afirmado que la compañía, con base en los Estados Unidos, trabajaba muy íntimamente con su matriz china, podría parecer hasta justificado.